En España se calcula que existen hasta un millón de pozos ilegales. Su agua se destina principalmente al cultivo, sobre todo frutas y verduras. Pero esta explotación tiene grave consecuencias, y no solo para el medio ambiente.
Así lo demuestra el caso del pequeño Julen, de solo dos años, quien murió tras caer a uno de estos pozos. Activistas medioambientales como Felipe Fuentelsaz luchan contra las perforaciones ilegales y el robo del agua, promoviendo además una nueva certificación de uso sostenible que pretende aumentar la conciencia sobre la protección de los acuíferos tanto a agricultores como a consumidores. Felipe lleva 16 años localizando cultivos y pozos ilegales mediante imágenes satelitales para denunciarlos ante las autoridades locales. Lamentablemente, apenas tiene éxito.
El problema afecta en especial al Parque Natural de Doñana, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, amenazado por la perforación ilegal de pozos con el fin de obtener agua para cultivos de regadío intensivo. Aproximadamente el 30 por ciento de las fresas producidas en Europa provienen de esta región andaluza. Los cerca de 1.000 pozos ilegales que rodean el parque nacional han hecho descender dramáticamente el nivel de las aguas subterráneas. Los ríos y arroyos de la zona ya no son suficiente para abastecer el humedal. Pantanos y lagunas han comenzado a secarse. La lucha de Felipe es una lucha por la supervivencia. En su opinión, Europa está viviendo por encima de sus posibilidades. A través de la venta de frutas y verduras, España está exportando agua a sus vecinos europeos. Pero el país, que todavía sufre las consecuencias de la crisis económica, depende en gran medida de la agricultura, que ha demostrado ser uno de los rubros más estables para su economía.
